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viernes, 5 de noviembre de 2010

La tesis doctoral de Ángel David Martín Rubio: Conflicto socio-político y violencia en la provincia de Badajoz, 1931 – 1939: Bajo el signo de la Revolución


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 Desde el pasado 29 de octubre de 2010 Ángel David Martín Rubio es Doctor en Historia. Se ha hecho acreedor de tal distinción por la investigación Conflicto socio-político y violencia en la provincia de Badajoz, 1931 – 1939: Bajo el signo de la Revolución, tesis doctoral dirigida por Alfonso Bullón de Mendoza y presentada en el Departamento de Historia, Literatura y Pensamiento de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. Ha recibido la calificación de sobresaliente cum laude por el tribunal compuesto por Germán Rueda Hernanz (presidente), Fernando Sánchez Marroyo, Luis Palacios Bañuelos, Ricardo Martín de la Guardia y Luis Eugenio Togores Sánchez. Es necesario que se sepa que existe esta investigación que investiga todo el proceso histórico republicano y de la Guerra Civil en Badajoz. Desde aquí quiero reiterar mi enhorabuena. A continuación puede leer unas consideraciones que el autor de la tesis ha publicado en el Suplemento de Historia de Religión en Libertad. La imagen que encabeza esta entrada corresponde a un cartel electoral de Izquierda Republica. El lema que se lee "Defiende la pequeña propiedad: Muerte al ladrón" y se puede ver como los propietarios, de Izquierda Republica (el partido de Azaña) por supuesto, tienen apuntadas las escopetas a los ladrones de cosechas. Parece ser que la II República abolió la pena capital en la Constitución de 1931, pero la pena de muerte seguía en el subsconciente de los demócratas.



Ángel D. Martín Rubio

Desde el siglo XIX la historia española aparece protagonizada por una sucesión de guerras civiles y de manifestaciones de violencia que señalan una serie de momentos especialmente conflictivos y dejan como resultado una tónica de inestabilidad en el período. Pero la etapa que se inicia en 1931 y viene a cerrarse a comienzos de la década de los cincuenta adquiere una notoriedad muy especial en ese sentido.
Las muertes violentas durante el período republicano anterior al 18 de julio de 1936 —que Stanley Payne estimó en algo más dos mil doscientas y para Juan Blázquez Miguel se elevan por encima de las tres mil seiscientas— dieron paso, una vez comenzada la Guerra Civil, a las defunciones causadas de manera directa o indirecta por las operaciones militares y por el deterioro de las condiciones de vida así como a los asesinatos y ejecuciones que se produjeron en número muy elevado en cada una de las retaguardias. 1939 marca el final del conflicto bélico iniciado casi tres años atrás pero no podemos olvidar que dichos asesinatos y ejecuciones se prolongaron durante la posguerra. Con la actividad de huidos y guerrilleros se calcula que entre 1943 y 1952 están relacionadas, al menos, otras tres mil quinientas muertes. Y tampoco faltaron españoles que perdieron la vida, más allá de nuestras fronteras, durante la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto se justifica la afirmación de que la violencia se define como uno de los elementos cuyo estudio resulta más necesario para caracterizar la organización de una sociedad y esa es la razón de la elección del tema de esta Tesis Doctoral.
Para este estudio se pretende buscar una explicación que no sea parcial por lo que a su fundamentación epistemológica se refiere ni por el ámbito de interpretación a que se limita. Pues los hechos documentados por las fuentes no encajan en la simplificación ni el conflicto fue tan parcial que pueda someterse a un factor único o determinante. Esta afirmación no impide que pongamos nuestro análisis en relación sobre todo con la crisis del Estado cuyo defectuoso funcionamiento fue causa importante entre las raíces históricas de la Guerra Civil.
La elección como parte del título de esta Tesis del epígrafe de un libro publicado por el que fuera diputado por Badajoz y ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, refuerza esta explicación. Y es que los años que nos ocupan transcurrieron, efectivamente, Bajo el signo de la revolución. Vinculado desde su juventud al republicanismo, protagonista activo de los primeros pasos de la Segunda República, supo descubrir a tiempo que era imposible que el régimen se consolidara como un marco estable de convivencia y progreso si no conseguía ser un Estado garantizador del orden público y respetuoso con la propiedad y el ejercicio del culto y con los demás postulados del régimen social existente y para ello era imprescindible neutralizar a las fuerzas revolucionarias que venían haciendo imposible la convivencia y la modernización de España desde años atrás. Víctima de la venganza del Frente Popular, Salazar Alonso cayó asesinado tras una sentencia del Tribunal Especial de Madrid que dictó un fallo confirmado por el Gobierno que presidía Largo Caballero.
A la hora de explicar la orientación adoptada en nuestra investigación conviene hacer alguna consideración acerca de la elección de un marco de estudio provincial. No creemos que este trabajo hubiera podido realizarse si no tuviéramos una previa visión de conjunto que tiene como referencia la Historia de España en el periodo elegido pero el ámbito provincial tiene cierta amplitud que rebasa lo puramente local y, por otro lado, permite la aplicación de unas técnicas y métodos de trabajo que no consisten en simple historia de la región o del pequeño territorio, sino en el análisis de procesos históricos contemplados desde una perspectiva diferente. En nuestro caso, creemos que la elección de un tema de investigación regional se justifica por la intención de permitir el acceso a la documentación de diverso tipo, la historiografía y la bibliografía histórica relacionadas con el período y el espacio delimitado.
En todo caso, proponemos por primera vez una visión de conjunto de las etapas republicana y de guerra en la provincia de Badajoz tratando de comprobar que solamente es posible una comprensión de lo que significó el uso de la violencia en aquellos años si los hechos ocurridos se reconstruyen con fidelidad y se sitúan en el contexto histórico de una crisis del Estado liberal seguida del fracaso del arbitrismo reformista republicano, la implosión (o voladura desde dentro) de este régimen como consecuencia de la imposición de la alternativa revolucionaria, la derrota de este proceso tanto en el terreno militar como por la propia incapacidad para la gestión coherente de la propia retaguardia y, finalmente, la implantación de un Estado nuevo responsable ―en un proceso largo y en ocasiones no exento de dramatismo― de una variación sustancial de las condiciones históricas de la España contemporánea.
Este trabajo no puede por menos que ser deudor de los que se han ocupado con anterioridad del período estudiado, tanto a nivel nacional como en la perspectiva regional, provincial y local pero responde en lo esencial de su contenido al uso de fuentes documentales conservadas en el Archivo Histórico Nacional (Causa General y Sección de Salamanca, hoy denominada Centro Documental de la Memoria Histórica) y de una amplia muestra de los Registros Civiles de la provincia.
En relación con el aspecto que se quiere investigar, nos limitamos a una serie de fondos documentales y hemos prescindido de otros, bien porque no se nos ha autorizado su consulta o porque hemos tenido acceso indirecto a su contenido a través de la bibliografía y de la prensa pero estimamos que no ha quedado al margen ninguno que guarde relación directa con la finalidad que se planteaba. Los problemas que plantea la utilización de todas estas fuentes documentales han sido abordados con amplitud en el apartado dedicado al estado de la cuestión, fuentes y metodología de nuestro estudio.
Merece la pena destacar como uno de los resultado de este trabajo, la elaboración a partir de todas las fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales de dos bases de datos complementarias que permitirán una mayor profundización de nuestro estudio y en las que se recoge por una parte la relación nominal de víctimas de la violencia socio-política durante la Segunda República, la Guerra Civil y los primeros años del Nuevo Estado, incluyendo no solo a las víctimas de la represión sino también a los caídos en operaciones militares, bombardeos y otras circunstancias. En la segunda base de datos encontramos una relación nominal de dirigentes revolucionarios y de responsables de los delitos cometidos en zona frentepopulista que aparecen identificados en las fuentes empleadas. En el primer caso hablamos de 14.929 registros y en el segundo de 11.749.
De todo este material se da una idea en las relaciones nominales del apéndice en las que se hace uso combinado de ambas relaciones profundizando así en la identidad de las víctimas y obteniendo una caracterización del fenómeno represivo que va mucho más allá de la simple cuantificación.
Centrándonos ya en el contenido y resultados de nuestra investigación podemos sintetizarlos en torno a tres grandes argumentos sin entrar por ahora en otras cuestiones de detalle que también se abordan.
1.- El significado de la Segunda República en la configuración y evolución de lo que luego será la retaguardia frentepopulista
2.- La incidencia de la evolución militar del conflicto y de la deriva del proceso revolucionario en la configuración de una retaguardia con predominio comunista.
3.- La represión en las dos retaguardias y en la posguerra
La “implosión” del estado republicano

  
Palacio de Mayoralgo de Cáceres tras el bombardeo republicano
En el trabajo se estudian con detalle los años que transcurren entre 1931 y 1936 para explicar las manifestaciones del conflicto durante el primer bienio, cuando adquieren tanto protagonismo la actividad legislativa y la violencia, y durante el bienio radical-cedista, con especial atención a la ofensiva revolucionaria y a los límites del intento de rectificación.
Pero ahora únicamente nos detenemos en el período que se inicia con las elecciones de febrero de 1936 y se prolonga hasta los primeros momentos de la guerra.
Inmediatamente después de la consulta electoral, los frentepopulistas generalizan una situación de violencia y desorden bajo formas distintas que es necesario conocer de manera conjunta para captar su coherencia como indicios no tanto de puntos aislados de conflictividad —que podían haber encontrado soluciones parciales― cuanto de una metodología pre-revolucionaria Ataques e incendios provocados contra edificios y comunidades religiosas o parroquiales; huelgas y manifestaciones agresivas; ocupación directa de tierras y sabotajes agrarios; enfrentamientos entre los miembros de los grupos políticos, detenciones políticas arbitrarias y asesinatos… Todo estaba al servicio de una táctica que buscaba el deterioro irreversible de una sociedad sobre la que habría de imponerse aquella de las opciones revolucionarias que lograra imponerse a sus contrarios.
Se citan en el texto las palabras pronunciadas por el diputado Antonio Mije en Badajoz el 18 de mayo y que expresan cuáles eran los objetivos revolucionarios y los medios que se iban a aplicar para alcanzarlos, entre ellos unas milicias consideradas como el embrión del fututo Ejército Rojo.
«Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro ejército rojo obrero y campesino de España. […] este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora a lo mejor y más honrado y más laborioso del pueblo español».
También se expresaba con toda claridad la finalidad que se pretendía: reproducir en España la Revolución Soviética, descrita en unos términos propagandísticos que nada reflejaban de los millones de vidas que estaba costando. La existencia de éste y otros muchos discursos, las páginas de la prensa y la actuación de dirigentes y militantes encuadrados en milicias, quitan importancia a la labor indagatoria acerca de la constatación documental del proceso revolucionario que había de llevar a la definitiva ocupación del poder.
En la provincia de Badajoz, en paralelo a la debilidad de la trama cívico-militar que condujo en otros lugares al triunfo del Alzamiento de julio de 1936, encontramos una amplísima reacción de las organizaciones políticas y sindicales frentepopulistas. Dentro de esta nueva etapa nos referimos por su particular relevancia a la formación y actuación de los comités locales; al reparto a las organizaciones revolucionarias de armas que permitieron su intervención junto al Ejército y fuerzas de seguridad y a las detenciones ilegales, preludio de los asesinatos.
En ese sentido, tiene gran relevancia un telegrama circular transmitido desde el Gobierno Civil de Badajoz a todos los alcaldes de la provincia avanzada la tarde del 19 de julio. Lo atípico de esta comunicación es que se usaba un cauce oficial no para comunicar una disposición del Gobierno sino para informar de una decisión de los «jefes del Frente Popular de esta Provincia». Medidas como ésta, lejos de proporcionar a la formación de Comités un respaldo jurídico, vienen a manifestar la subordinación de los órganos de poder al proceso revolucionario.
La consolidación de una retaguardia con predominio comunista
El éxito de las intervenciones llevadas a cabo en los últimos días del mes de julio dejaba la provincia de Badajoz dominada enteramente por las milicias frentepopulistas y no resultaba previsible ninguna amenaza pero este equilibrio se vio alterado de manera irreversible en pocos días cuando las tropas nacionales hicieron de Extremadura el escenario principal de la primera etapa de su Marcha sobre Madrid desde el sur.
En el desarrollo político de la zona en que no logró imponerse el Movimiento Nacional influyen de manera decisiva dos factores:
a) Las continuas derrotas en el terreno militar que suponen una progresiva reducción del territorio y, como consecuencia, de los hombres y recursos materiales al servicio de los frentepopulistas; recursos que por otra parte fueron objeto a lo largo de toda la guerra de una gestión nefasta.
b) La “guerra civil” dentro de la propia Guerra Civil para determinar cuál de las fuerzas políticas habría de tener la hegemonía en la retaguardia.
El intento de las diferentes fuerzas políticas por controlar las unidades militares que se iban formando y las tensiones existentes en el seno de una retaguardia en la que ya apuntaba la voluntad del Partido Comunista por lograr el dominio de la situación dieron lugar a un episodio especialmente violento ocurrido en Cabeza del Buey los últimos días de noviembre de 1936 y que desembocó en la destitución del Comité Local y en el fusilamiento de una serie de elementos ugetistas y socialistas que habían protagonizado un motín incruento contra los comunistas. De esta manera, consolidaban el predominio alcanzado en la zona revolucionaria personajes caracterizados por su adhesión a las tesis comunistas como el Comandante Rodríguez, Antonio Villarroel, Anselmo Trejo y el gobernador civil, Juan Casado. Más tarde, la situación del Ejército de Extremadura, las colectivizaciones, la vida municipal… serían ámbitos en los que se expresaron frecuentemente las disensiones hasta desembocar en una retaguardia cuyo verdadero rostro venía definido por quienes identifican la causa de lo que el Gobernador Civil llamó en julio de 1936 la “República del Frente Popular” con la “Extremadura Roja” (título de un periódico publicado en Cabeza del Buey).
La represión en las dos retaguardias y en la posguerra

Cárcel de Almendralejo, 16 de agosto de 1936
En el período que ha sido objeto de nuestro estudio se concentra una elevadísima proporción de muertes violentas cuya consideración no puede detenerse exclusivamente en lo que se ha denominado genéricamente “represión”. Las muertes violentas por acción de guerra o por efectos de las operaciones militares configuran un contexto que debe ser interpretado de manera inseparable con aquellas otras muertes que se produjeron en las retaguardias o en la posguerra.
Ya los años que preceden al conflicto bélico se caracterizan en la provincia que nos ocupa por un incremento notable de las muertes violentas atribuible al deterioro general de las condiciones sociales y al incremento de la criminalidad que caracterizaron a los años de la República; la sobremortalidad por estas causas se sitúa en torno a las doscientas personas pudiendo considerarse que son unas sesenta las más directamente relacionadas con los conflictos socio-políticos del período. Estos asesinatos o muertes en enfrentamiento con las fuerzas de orden público no se pueden separar de una utilización de la violencia con manifestaciones mucho más amplias que van desde las agresiones personales a los atentados laicistas pasando por huelgas ilegales o revolucionarias.
Sin querer minusvalorar la importancia de las cifras alcanzadas, coincidimos con otros autores en que el cambio sustancial que convierte a la violencia en un factor determinante en la implosión del régimen republicano se produce a partir de la actitud complaciente del Gobierno con la ofensiva desplegada por las fuerzas revolucionarias tras las elecciones de febrero de 1936.
En nuestra investigación no encuentran justificación los discursos historiográficos que creen descubrir un carácter esencialmente desigual en el ejercicio de la violencia por cada una de las partes en conflicto. Únicamente pensamos que existe una diferencia sustancial entre la violencia que se utiliza contra el poder establecido como instrumento de subversión y aquella otra que es utilizada por la instancia que ejerce el poder, sobre la población no adicta o neutral, con la finalidad última de evitar y castigar posturas o actuaciones político-sociales y de respaldar la legitimación del orden ya implantado. Ambas formas serán empleadas por fuerzas a la derecha y a la izquierda del escenario político (aunque no por todas ellas ni en igual medida) y de manera diferenciada a lo largo del período estudiado: República, Guerra Civil y posguerra.
Coincidimos con otros autores en que se dieron en ambas retaguardias dos formas de violencia, una de ellas, característica de los primeros momentos —aunque no sin rebrotes cuando eran ocupadas nuevas zonas— en la que menudearon los ajustes de cuentas y el exterminio ejemplarizante de los no adictos. La otra fue protagonizada tanto por Tribunales Militares, en una zona, como por Tribunales Populares, en la otra cuando se pretendía dotar de referencias legales a las actuaciones represivas. Pero ni siquiera la diferencia entre las cifras causadas por ambas represiones se puede atribuir tanto a una discrepancia sustancial en la naturaleza de las mismas cuanto a circunstancias de diverso orden relacionadas, de manera determinante, con la evolución militar del conflicto y con el contenido jurídico-penal que caracterizó a la violencia aplicada por los vencedores, elemento éste prácticamente desconocido para los frentepopulistas que, en la mayoría de los casos, no discernían las conductas por su relación a la ley sino a la ortodoxia revolucionaria. De ahí que fueran objeto de las prácticas represivas incluso aquellos sectores renuentes a la hegemonía comunista en la propia retaguardia.
Con todas las limitaciones que se quieran tomar, la única posibilidad de situarse en unos márgenes de precisión razonables para valorar las pérdidas humanas como consecuencia de la Guerra son las cifras procedentes de las estadísticas oficiales, completadas por el propio Registro Civil para una mejor precisión de las causas y para recoger las que fueron inscritas con posterioridad a 1950. También es posible acudir a otras fuentes documentales y orales para añadir algunos casos que no alteran la tendencia detectada por el primer método. Buena prueba de lo que decimos ha sido el fracaso de todos los intentos que se han presentado hasta ahora de resolver la cuestión al margen de estas fuentes. Intentos que, por otra parte, suelen centrarse únicamente en las bajas debidas a la represión olvidando el contexto demográfico en que éstas se sitúan y en los que se observa una voluntad deliberada de incrementar las cifras que se atribuyen a la represión nacional.
Como ya se hacía notar el trabajo pionero de Salas Larrazábal la provincia de Badajoz ocupa un lugar importante en el conjunto nacional por el volumen de víctimas que ocasionaron las prácticas represivas. La cifra que alcanzaron las represalias en la retaguardia revolucionaria pueden situarse en torno a las mil quinientas bajas, oscilando según se incluya o no a los residentes en otras provincias fusilados aquí o a los vecinos de pueblos pacenses muertos en otros lugares. En el estado actual de la investigación no es posible dar cifras definitivas de las causadas por sus oponentes aunque sí podemos adelantar con certeza que fueron 1.146 los fusilados como consecuencia de sentencias dictadas por los Tribunales Militares entre 1937 y 1949. A ellos se añaden los que fueron pasados por las armas al amparo de los preceptos contenidos en los bandos de declaración del estado de guerra sin que mediase instancia procesal alguna. A partir de los Registros Civiles que se han consultado directamente, de las referencias documentales especificadas en cada caso y de la bibliografía existente pensamos en una cifra que supera a los cinco mil que se deducen de las estadísticas oficiales. No pensamos, por lo tanto, en el caso de la represión en la retaguardia nacional en cifras exactas y porcentajes absolutos sino que ofrecemos una estimación lo más cercana posible a la realidad en el estado de nuestros conocimientos.
Nos detenemos únicamente en dos cuestiones relacionadas con la violencia en ambas retaguardias:
1. Multitud de edificios y de retablos, imágenes, pinturas y ornamentos sagrados, obras de arte y expresión de religiosidad, fueron pasto de las llamas, profanados, incautados… ataque sufrido por el legado histórico-artístico sin precedentes e irreversible, no debido a las incidencias militares del conflicto (que apenas afectaron a algunos edificios de relieve) sino a las opciones laicistas y a la persecución religiosa que caracteriza al proceso revolucionario desencadenado por el Frente Popular y que tienen también su reflejo en la identidad de las víctimas. Entre ellas, además de un importante porcentaje de sacerdotes y religiosos, encontramos a propietarios y profesionales liberales entre los que se había reclutado buena parte del personal político y administrativo de la Restauración y habían alcanzado relieve social pero también numerosos labradores, jornaleros, obreros urbanos y empleados que definen a un grupo procedente de las clases menos favorecidas lo que demuestra cómo el factor determinante a la hora de la muerte no era la clase social sino la identificación con sectores opuestos al Frente Popular y cuya misma vida era considerada un grave riesgo para el nuevo orden revolucionario que se intentaba consolidar. Las creencias religiosas, la exigencia de orden público, la defensa de una pequeña propiedad y otros factores ideológicos no deben ser olvidados como elementos de cohesión de los más diversos sectores sociales.
La responsabilidad de la violencia en la retaguardia frentepopulista residió de manera directa en los poderes públicos que monopolizaron el poder desde julio de 1936 y esto ocurrió de tres maneras que se alimentaban mutuamente; por decisión y actuación consciente; por la omisión del deber de mantenimiento del orden público y respeto a las leyes vigentes y por alentar un clima de persecución que legitimaba las prácticas represivas. Sus orígenes se pueden localizar en el discurso y en la práctica de las organizaciones que acabarían desembocando en el Frente Popular.
2. La propaganda de guerra del Frente Popular dio un protagonismo interesado a la represión posterior a la ocupación de la capital pacense que ha llevado a hablar de los “sucesos o matanza de Badajoz”, episodio deformado y aducido de manera reiterada por aquellos sectores historiográficos vinculados a los argumentos de la propaganda frentepopulista y ajenos a la realidad de lo ocurrido que aparece bien reflejado en crónicas como las de Mario Neves, periodista portugués que estuvo en Badajoz los días siguientes a la ocupación y que afirma que hubo horas de duro combate en las calles y seguidamente ejecuciones que él atribuye a la «inflexible justicia militar» pero niega expresamente que tuviera lugar una matanza en la plaza de toros. Al igual que los artículos de Jay Allen, que nunca estuvo en Badajoz aunque presentara sus crónicas como redactadas aquí, hay que mirar con sospecha las conocidas declaraciones atribuidas por Whitaker a Yagüe en las que el propio militar se atribuye un elevado número de fusilamientos y que, con toda probabilidad, fueron puestas en sus labios por el citado periodista.
Las cifras que se han venido atribuyendo a las llamadas “matanzas de Badajoz” oscilaban entre las mil doscientas víctimas solamente para la primera noche y las nueve mil en total. Trabajos de diversos investigadores con los que coincidimos han venido a demostrar que, en realidad, fueron fusiladas en Badajoz en torno a las mil personas pero no en una matanza indiscriminada sino en los años que van entre 1936 y 1949.
De éstos, unos quinientos habían sido ejecutados entre agosto y diciembre de 1936 en aplicación de los preceptos del bando de guerra. Podemos comprobar cómo la exigencia de responsabilidades se dirige en una triple dirección: Militares y fuerzas de orden público que habían actuado a las órdenes de las autoridades; dirigentes políticos que se habían movido en terreno afín al Frente Popular (el alcalde y un diputado, concejales, cabecillas de partidos políticos…) y paisanos que habían intervenido en los sucesos de violencia ocurridos en los días anteriores a la ocupación por el Ejército Nacional. No olvidemos que Badajoz había estado controlado por milicias que asesinaron a once vecinos, llevaban a cabo labores de vigilancia, detenciones y requisas y que, finalmente, protagonizaron buena parte del esfuerzo defensivo frente al Ejército Nacional mientras que las autoridades abandonaron la ciudad con antelación a los combates. El resto se trata de personas que comparecieron ante los Consejos de Guerra constituidos a partir de 1937 para responder de comportamientos criminales llevados a cabo con anterioridad en las poblaciones de la provincia que habían sido duramente castigadas por los revolucionarios.
La cuestión cuantitativa tiene una importancia relativa y deja intacta la necesidad de llegar a una explicación de aquella tragedia. El historiador tiene que proceder a partir de un respeto escrupuloso hacia las fuentes a las que hay que hacer objeto de una sana crítica; desde un aprecio espontáneo por aquellos que han escrito del tema antes que nosotros, con un entusiasmo sincero por la verdad que lleva a la reconstrucción lo más fiel posible de los hechos y aportando una interpretación discreta que no busca juzgar sino entender para poder exponer y que renuncia por eso al empleo de ideologías o corrientes filosóficas que ya poseen una explicación a priori.
Solamente así se puede llegar a cultivar la Historia como una peculiar manera de conocimiento que, siendo al mismo tiempo arte y ciencia —por lo que cabe también su cultivo al margen de la tutela estatal—, se convierte en el único modo de conocimiento objetivo de los hechos del pasado. Algo que esperamos haber conseguido con la Tesis defendida el 29 de octubre de 2010 en la Universidad San Pablo-CEU.