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lunes, 13 de octubre de 2008

El texto extractado de mi ponencia expuesta en las VIII Jornadas de Historia de Montijo

Tal como dejé dicho en una entrada anterior, expongo a continuación el extracto de la ponencia que presenté en las VIII Jornadas de Historia de Montijo. El objetivo de esta publicación es sólo por afán de trasparencia y de trasmisión de la cultura. En su día publicará la organización la ponencia completa con sus notas a pié de página así como otras consideraciones, que por razón de tiempo no se expusieron.


«La situación política de la comarca de Montijo antes y después de la proclamación de la II República»

La comarca de Montijo, -o más concretamente, las localidades de las que son objeto de estudio en esta investigación: Puebla de la Calzada, Torremayor, Talavera la Real, Lobón, Esparragalejo, La Garrovilla y Montijo- fue muy heterogénea de cara a la voluntad popular manifestada en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Si en unas localidades vencieron los monárquicos genuinos, en otras los monárquicos centristas, en algunos los socialistas y en menor medida hubo una escasa representación republicana. Sería tras la proclamación de la República cuando se «rectificase» esa voluntad en cuatro localidades, conformándose mayorías republicano-socialistas adictas al Gobierno Provisional en Talavera la Real, Esparragalejo, Puebla de la Calzada y Lobón.
Realmente son escasos los estudios que acerquen e informen de la situación política rural en el tránsito de la Monarquía alfonsina a la II República. Por esta razón, esta investigación tiene como fin mostrar los profundos cambios producidos en la comarca de Montijo durante este periodo de transición. Sin embargo, estas tierras suponen una excepción por existir diversas monografías que ilustran esta época en este espacio territorial y cuyo autor es Juan Carlos Molano. Especialmente Montijo destacó a principios del siglo XX por su interesante movimiento obrero. La existencia de unas nutridas y activas organizaciones sindicales y políticas desde hacía lustros hizo que preponderan aún más durante el régimen republicano. En las demás localidades de la comarca esta situación era desigual.
A comienzos de 1930 la situación política del país era inestable. Desde el 13 de septiembre de 1923 la Constitución de 1876 estaba en suspenso, y la normalidad política se tradujo en una Dictadura presidida por el General Primo de Rivera. Realmente esta situación encontró todos los apoyos posibles en la sociedad española, pues el mensaje de regeneración política y la promesa de solución de la Guerra en Marruecos fueron acogidos con fervor. Sin embargo, desde el éxito de Alhucemas en 1926, que supuso la pacificación del Protectorado del Norte de África, el Directorio comenzó a ser cuestionado por la oposición emergente y por la Prensa. En enero de 1930 Primo de Rivera entregó su dimisión como Presidente del Consejo de Ministros al Rey y se exilió en París.
Este resumen es pertinente hacerlo por una sencilla cuestión. Estos hechos tuvieron un claro reflejo en el ámbito rural. En octubre de 1923 los ayuntamientos fueron sustituidos por las llamadas Juntas de Asociados. Éstas convertidas en municipalidades rigieron las localidades hasta marzo de 1924. El 8 de marzo había sido promulgado el Estatuto Municipal, norma que sustituyó a la veterana Ley Municipal de 7 de octubre de 1877. Aquélla modernizó extraordinariamente la vida local e incluso introdujo el sufragio activo y pasivo femenino, aunque parcial, por primera vez en la Historia de España.
El principio que regía estas corporaciones municipales era mixto, es decir, representativo de los vecinos mediante elecciones (que no se llegaron a celebrar nunca) y corporativo. Así, en esta última clasificación se incluían a representantes de las cajas rurales, comunidades de labradores, e incluso organizaciones obreras. En Montijo el «Centro Obrero» tuvo su representación en la primera época de la Dictadura en las personas de Miguel Merino Rodríguez, Miguel Brugera Vega y Sebastián Gabardino Acevedo, todos socialistas.
Los primeros nombramientos de ediles en 1924 respondían a los principios programáticos de la Dictadura, es decir, regenerar el país y extirpar el caciquismo. No es de extrañar que esas corporaciones estuviesen compuestas por profesionales más que por políticos, y que fuese al mismo tiempo poco más o menos representativa de todas las clases sociales. Así, en muchas ocasiones los puestos de relevancia eran ocupados por tecnócratas. En Montijo el Alcalde, Juan Bueno Carvajal era abogado. Sus Tenientes, Manuel Zúñiga y José Pérez Barque, eran médicos, el tercero, Antonio Cabezas Martín era maestro alarife. El Síndico, Francisco Calero Megías era armero y su suplente, Manuel Porras Olmedo, era abogado. Los demás eran propietarios (Juan Gragera Quintana, Federico Thomas Núñez, Juan Soltero García y Francisco Rodríguez Molina), obreros (Miguel Merino Rodríguez y Bartolomé Calle Barrena), labrador (Benito Capote Acevedo), ingeniero industrial (Fernando Mendoza Botillo), comerciante (Antonio Agudo Conde), industrial (Justo Durán Caballero) y abogado (Alfonso Gómez Rodríguez Molina).
Tras la Dimisión de Primo de Rivera a finales de enero de 1930, Alfonso XIII llamó al General Dámaso Berenguer Fuster. Éste se encargó durante unos meses de la Presidencia del Gobierno e intentó normalizar la vida constitucional, tarea que resultó imposible. La primera muestra de cambio que realizó Berenguer fue sustituir las diputaciones y los ayuntamientos. Lo hizo mediante una fórmula inédita hasta entonces. La mitad de los concejales sería un grupo de mayores contribuyentes vecinos. La otra sería los concejales que hubiesen obtenido más sufragios en los tres comicios municipales anteriores al Golpe de 1923: Eran los de 1917, 1920 y 1922. Este procedimiento se reguló en el Real Decreto 530/1930 de 15 de febrero.
En principio y en teoría existía una buena intención en cuanto a la normalización de los ayuntamientos, desplazando a las autoridades primorriveristas. En la práctica no fue así. No lo fue porque precisamente encabezaron los consistorios de la Dictadura las oligarquías de las diferentes localidades. Por esta razón, en estos relevos volvieron a entrar en muchos lugares, aunque parezca contradicción, los propios sustituidos. Además, fueron nombrados también incluso directivos de la Unión Patriótica, el Partido de Primo de Rivera. De algunas localidades de la comarca de Montijo se tienen datos fehacientes de que ocurrieron estos hechos.
En Lobón fueron designados ediles por el cupo de ex Concejales, proclamados en su día por el Artículo 29 de la Ley Electoral, Antonio Bueno Coto (concejal en la Dictadura), Joaquín Chorot de Coca (Presidente de la Unión Patriótica), José Adeva Martín y Bartolomé Gómez Vega. Del sector de los mayores contribuyentes, Antonio Martín Caballero (ex Concejal de la Dictadura), Lorenzo Dorado Monroy (último Alcalde de la Dictadura), Gumersindo Torres Rivera, (ex Alcalde durante el Directorio Militar) y Andrés Cabañas Buenavida (Juez Municipal).
En Torremayor existió incluso un edil de tendencia republicana: Bartolomé Collado Mendoza. Pertenecía al cupo de los mayores contribuyentes junto a Miguel Pinillas Partrano (liberal), Luis Gragera Piris y Rodrigo Domínguez Pinilla (ambos de la Unión Patriótica. Los ex Concejales, todos del «Artículo 29», eran Francisco de Senas Chaves (conservador), Cayetano Domínguez Pérez (liberal), Tomás Carrasco Romero (Unión Patriótica) y don Cándido Fernandez Moreno (liberal). Fue elegido Alcalde el upetista Rodrigo Domínguez. En Talavera la Real, la Alcaldía la volvió a ocupar el titular anterior al Golpe de 1923, Ramón Juez Fernández, que fue elegido por unanimidad. Los demás miembros de la corporación eran Serapio Pérez Viseas, Antonio Juez Carmona, Valentín Broncazo Pérez, Cristóbal Tienza Núñez, José Villalobos Guerrero, José Tienza Viseas, Teodoro Ardila Barrera, Cristóbal Tienza Villalobos y Celestino Villalobos Laguna.
La polémica se produjo en Montijo. Como es sabido, existía una destacada organización obrera, y se barajó de nuevo que tuviera representación en el Consistorio, pues un edil era de la Comunidad de Labradores: Felipe Manuel Zúñiga. Sin embargo, el Real Decreto de constitución de los ayuntamientos nada hacía referencia a esta cuestión. Además, por la entidad de la localidad le correspondía al Gobierno nombrar por Real Orden al Alcalde. Así lo disponía el artículo el 10.2 de la anteriormente citada disposición, es decir, el Gobierno se reservaba el nombramiento del primer edil y de sus tenientes en las localidades de más de 5.000 habitantes.
Si la constitución del Ayuntamiento de Montijo se produjo el 25 de febrero, el corresponsal de La Libertad denunció el 7 de marzo que no había sido nombrado aún el Alcalde. Los ediles del cupo de los mayores contribuyentes eran Modesto Porras Calderón, Joaquín Rojas Tovar, Diego Bautista Guzmán, Vicente Ríos Ramos, Pedro Capote Pinilla y Santiago Cea Flores. Éste sería varios años después el Presidente del Partido Radical-Socialista. Los ex Concejales eran Benjamín Agreda Holguera, Francisco Menayo Domínguez, Juan Pinilla Pinilla, Joaquín Thomas Núñez, Alonso Gutiérrez Bautista y Juan Gragera Quintana.
Sin embargo, otra muestra de que existían reminiscencias de la Dictadura en muchas localidades se manifestó cuando falleció en París Miguel Primo de Rivera. En varios pueblos de la comarca de Montijo se celebraron exequias en las parroquias por el alma del ex Dictador. Así ocurrió en Puebla de Calzada y en Torremayor. Estos actos eran organizados por las autoridades municipales, así como por los responsables locales de la Unión Patriótica. Desde Puebla de la Calzada se cursó un telegrama a los hijos de Primo de Rivera con este texto: «Salimos este momento asistir funerales sufragio alma vuestro padre; concurrencia enorme de fieles todas clases sociales; representaciones todas entidades oficiales y particulares; escuelas y colegios. Jamás viose templo tan ocupado multitud, prueba inmenso cariño se profesaba ilustre muerto que lloráis y lloramos todos. En nombre pueblo, os reiteramos pésame sentidísimo, Lozano, Presidente U. P.; Gragera, Alcalde; Lázaro, párroco; Expósito, cabo somatenes».
En Montijo la situación política interna del Ayuntamiento se deterioró paulatinamente con el paso de los meses. A mediados de 1930 ya habían renunciado cuatro ediles del cupo de los mayores contribuyentes. También dimitió como Alcalde Juan Pinilla y Pinilla. El Primer Teniente, Benjamín Agudo era deudor de la Hacienda Pública, pero fue votada por mayoría su compatibilidad. Al poco tiempo la crisis se zanjó con la elección de un nuevo Alcalde, Juan Gragera Quintana. Según La libertad de Badajoz, «al fin aceptaba la Alcaldía por considerarlo un deber ciudadano. Recordó a sus compañeros el ofrecimiento de colaboración que le habían hecho y la solicitó a la vez del público, advirtiendo que sin ella no hay labor posible».
Una de las primeras actuaciones de Juan Gragera, el nuevo Alcalde de Montijo, fue firmar unas bases de trabajo negociadas con el «Centro Obrero». El representante de éste era Sebastián Gabardino. Estas bases, rudimentarias en comparación con las negociadas en los Jurados Mixtos durante de la República, establecían un salario mínimo y se daba preferencia a los obreros vecinos en detrimento de los forasteros.
Al mismo tiempo, la situación política nacional era convulsa y sobre todo el levantamiento de la censura provocó que la prensa fuese canal propicio para las protestas. Pero el examen de la prensa regional de 1930 no evidencia que se cuestionara el régimen político. Sí se advierten críticas a la labor política de la Dictadura en algunos pueblos. El corresponsal de La libertad en Montijo expuso en numerosas ocasiones el desacuerdo con las autoridades de la Dictadura, pero caída ésta.
No obstante sí debió tener gran eco la intentona golpista pro republicana de Jaca a finales de 1930. Tuvo gran importancia porque los medios de comunicación de entonces ofrecieron mucha información sobre los hechos. La detención de parte del «Comité revolucionario», el futuro Gobierno Provisional de la República supuso que se dieran a conocer ante la sociedad. La dimisión del Presidente del Consejo de Ministros, Dámaso Berenguer, dio paso al nombramiento del Almirante Juan Bautista Aznar como su sucesor. Éste convocó las elecciones municipales del 12 de abril por el Real Decreto de 13 de marzo.
Estos comicios, en teoría, deberían haberse celebrado conforme a los preceptos establecidos en el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, en el que tenían derecho de sufragio pasivo y activo parcial las mujeres. Sin embargo, el Gobierno Aznar se había comprometido ante la opinión pública al «sometimiento a las leyes que se votaron en Cortes». El Estatuto Municipal había sido promulgado mediante Real Decreto Legislativo y estando las Cortes Generales suspensas. De esta forma, la legislación en vigencia era la Ley Municipal de 1877 y la Ley Electoral de 1907.
El Real Decreto de 13 de marzo de 1931 estableció, de esa forma que «las elecciones generales de Ayuntamientos se celebrarán, para la renovación total de sus componentes, el día doce del próximo mes de abril, con arreglo al Censo Electoral vigente de mil novecientos treinta y procedimiento señalado en la Ley Electoral de ocho de agosto de mil novecientos siete en toda su pureza. No se tendrán por ello en cuenta las modificaciones introducidas en dicho procedimiento por el Estatuto Municipal».
La vigencia, entonces, de la Ley Electoral de 1907, suponía la eficacia del «Artículo 29», que decía en su párrafo primero que «en los distritos donde no resultaren proclamados en mayor número de los llamados a ser elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección y les releva de la necesidad de someterse a ella». Esta disposición legal fue aplicada en la comarca de Montijo en abril de 1931 y los beneficiados fueron de todas las tendencias políticas. Las críticas a este procedimiento han sido posteriores y cuando fue derogado el citado artículo. En la época era una vía legal y legítima de acceso a los órganos políticos.
El caso más representativo fue el de la localidad de Lobón. Mediante el «Artículo 29» se proclamaron los nueve ediles que aspiraban a su Ayuntamiento. Todos eran socialistas. Curiosamente la mayoría de los designados había tenido relación directa con la Dictadura de Primo de Rivera. Así la «Coalición republicano-socialista» de Lobón, y cuyos miembros fueron proclamados concejales automáticamente, estaba compuesta por Lorenzo Dorado Monroy (cabo del Somatén y era el entonces actual Alcalde desde 1929), Antonio Fernández Martín (Concejal durante la Dictadura y abanderado del Somatén), Bartolomé Martín Gómez (ex Alcalde durante cinco años representando al Partido Pachequista y en 1931 miembro de la «Casa del Pueblo»), Juan Barrena Mata (Concejal durante la Dictadura), Pedro Trinidad Iglesias (miembro de la Junta Directiva del Sindicato Agrario), Juan Martín Rodríguez (ex Concejal monárquico), José Gragera Sánchez y Balbino Valadés Fernández (ambos afiliados a la «Casa del Pueblo»).
En Esparragalejo también fue aplicada esta disposición legal y fueron proclamados automáticamente nueve concejales monárquicos. Esta táctica, por tanto, era utilizada por todas las fuerzas que podían ser beneficiadas y raramente exponían su protesta por no haberse celebrado los comicios.
En las demás localidades, por la concurrencia de más de una candidatura por las circunscripciones electorales, se hubo que ir a la lucha electoral el 12 de abril. Los resultados provisionales de proclamación de concejales fueron los siguientes. En La Garrovilla vencieron 6 concejales monárquicos independientes frente cuatro indeterminados. En Montijo salieron nueve ediles socialistas, tres antimonárquicos y seis monárquicos. En Puebla de la Calzada coparon todos los puestos trece monárquicos centristas. En Talavera la Real vencieron 7 concejales centristas frente a los 4 demócratas y un antimonárquico indeterminado. En Torremayor todos los puestos fueron a parar a los monárquicos.
De esta forma, según la información disponible sólo en dos localidades de esta comarca venció indiscutiblemente la «Coalición republicano-socialista»: En Lobón mediante el procedimiento del «Artículo 29», y en Montijo en las urnas. En las demás localidades los monárquicos, en sus más diversas variantes, habían ganado. Ante este panorama cabe preguntarse sí estas elecciones fueron sinceras o no. La intención del Gobierno era que así lo fuera. El Gobernador de Badajoz hizo publicar una circular en la que prohibió cualquier tipo de manipulación, y encomendó además a las autoridades municipales salientes su total abstención:
Desmoronadas las fuerzas monárquicas por el avance parcial de los resultados, el Rey Alfonso XIII decidió abandonar el país. En esos mismos momentos el ex monárquico y flamante republicano Miguel Maura protagonizó un hecho realmente audaz. Fue el de tomar el Ministerio de la Gobernación en nombre del Gobierno Provisional de la República. Tras cederle el paso la guardia de puerta, ocupó el citado departamento ministerial y comenzó a destituir y a nombrar Gobernadores Civiles. Realmente las fuerzas monárquicas no opusieron resistencia y allanaron el camino al régimen republicano.
Sin embargo, dado el simbolismo de las elecciones del 12 de abril como desencadenante del advenimiento de la República, el Gobierno Provisional varió sustancialmente las normas por las que se convocaron esos comicios. Uno de los cambios fue el cambio de plazos para la constitución de los consistorios. Estos plazos eran una garantía política para las protestas electorales ante los tribunales. Así, el Gobernador Civil de Badajoz radió telegramas en el que ordenaba la constitución inmediata de los ayuntamientos.
En Talavera la Real, donde los monárquicos centristas habían vencido se constituyó el Ayuntamiento a las once de la mañana del 16 de abril. El Alcalde saliente se había negado a dar posesión a los nuevos ediles, desconociéndose los motivos. El Presidente elegido fue Pedro Tienza y asistieron los proclamados José Rivago, Avelino Villalobos (éstos Tenientes de Alcalde), Gómez, Traver, Villalobos, Riera y Flores. Tras la constitución se izó en el balcón la bandera tricolor y se entonó La Marsellersa.
En Torremayor, donde los monárquicos habían vencido absolutamente, también tomaron posesión los concejales elegidos. Así, fue designado Alcalde Juan Balsera Segador. Desde el día anterior, el 15 de abril, y «a las ocho de la noche la bandera tricolor ondeaba en la torrecilla del Ayuntamiento, y la ovación fue delirante por parte de los que presenciaban tan sencillo como conmovedor acto dando vivas a los libertadores». A poco tiempo se organizó el Comité de la Derecha Liberal Republicana. El presidente era el maestro nacional Luis de Rivas, el Vicepresidente el industrial Pedro León, el tesorero el médico Rafael Pérez, y los vocales los propietarios rústicos Rodrigo Domínguez y Pedro de los Santos.
Hubo manifestaciones en algunos pueblos, pero fueron inducidas por las organizaciones obreras. Así, la UGT se cursó una circular el 14 de abril acerca de estas movilizaciones. Para más publicidad de la misma, apareció en la portada de La voz extremeña: «A todas las sociedades obreras y socialistas de la provincia. La Unión General de Trabajadores de Extremadura advierte a todas las sociedades obreras y socialistas de la provincia de Badajoz que, proclamada la República en España, la autoridad provincial permite la celebración de manifestaciones de júbilo. Recomendamos con mucho interés a todos nuestros compañeros que garanticen el orden en bien de la causa obrera y socialista. Badajoz, 14 de marzo [sic] de 1931. Narciso Vázquez, Presidente. Pedro Rubio, secretario».
Además, en Puebla de la Calzada se celebró en ese año una manifestación con ocasión del 1º de mayo. En la tarde de ese mismo día llegó el Gobernador Civil de Badajoz. Éste nombró a Lorenzo Ardila como tercer vocal de la Comisión Gestora que se había hecho cargo del Ayuntamiento. Asimismo, le fue entregado a la citada autoridad un pliego o memoria con todas las necesidades de la localidad. En cuanto a los actos antes mencionados se dijo lo siguiente en La voz extremeña:
«La manifestación de la Unión General de Trabajadores y Partido Socialista, organizada con motivo de la Fiesta del Primero Mayo, constituyó un éxito indescriptible. Los manifestantes recorrieron las calles céntricas yendo a unirse con sus compañeros de Montijo, realizándose el encuentro en medio del mayor entusiasmo y con vivas a la República y al Partido Socialista. La banda entonó La Marsellersa y el Himno de Riego. A bandera desplegada, y siguiéndolo las de todos los gremios de trabajadores, se hizo el recorrido, sin que hubiera que lamentar el más mínimo incidente».
En Lobón también se celebró con una manifestación esa conmemoración que recorrió las calles recién renombradas. Las banderas que se alzaron fueron la tricolor y la de «Juventud Socialista».
El caso es que en pocos días se tuvo que improvisar un régimen político nuevo. Esto trajo como consecuencia la vulneración flagrante de la propia legislación y disposiciones reglamentarias que rigieron las propias elecciones del 12 abril. Así, apropiado del Poder el Gobierno Provisional de la República, Miguel Maura, Ministro de la Gobernación, emitió una circular de importante trascendencia el 16 de ese mismo mes. Esa circular modificó el Real Decreto de convocatoria de los comicios locales, lo que era una vulneración del sistema de fuentes legales.
La citada circular trataba sobre las protestas electorales. Si en el Real Decreto de 13 de marzo había dispuesto que dos instancias -la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial para las capitales de provincia y de partido judicial, y la Audiencia Provincial para el resto de localidades- las competentes para conocer esas cuestiones, ahora pasaba la capacidad de conocerlos al Ministerio de la Gobernación. Esta sustracción hecha al Poder Judicial era un menoscabo de las garantías y dio paso a la manipulación política como más tarde se evidenció.
Así, en las localidades en que hubo proclamaciones por el «artículo 29», como en los que los monárquicos habían vencido, los ayuntamientos fueron regidos por una Comisión Gestora. En este último caso se procedía si había mediado denuncia, independientemente si se fundaba en actos auténticos o no de coacciones o de falsedad electoral. La Dirección General de Administración Local sería la encargada de verificar esas protestas. En la práctica no hubo resolución de los expedientes, y mediante Decreto del 13 de mayo de 1931 (Gaceta de Madrid del 14) se convocaron nuevos comicios locales.
Realmente, y a la luz de los hechos, estas elecciones tuvieron un grado de manipulación inducida desde el mismo Decreto de convocatoria. En todo caso, y como se exponía en el prefacio de la citada disposición «es necesario que antes de abrirse el periodo electoral para la Asamblea Constituyente se hallen al frente de todos los municipios de España ayuntamientos emanados del sufragio popular auténtico». Pero realmente se contradecía con lo que se decía más adelante: «Se hace muy difícil examinar con detención los expedientes». Es decir, fuera la protesta basada en actos auténticos o no, se procedió a la convocatoria de nuevos comicios
Las elecciones fueron convocadas para el 31 de mayo de 1931. El 18 de mayo de 1931 el Gobernador Civil de Badajoz firmó una circular en la que recordaba las localidades afectadas por el mencionado Decreto. En esta comarca lo eran Talavera la Real, Puebla de la Calzada, Lobón y Esparragalejo. Estos dos últimos casos estaban afectados por la aplicación del «Artículo 29». En Puebla de la Calzada y en Talavera la Real habían vencido los monárquicos. Se desconocen qué hechos fueron aducidos en la protesta, o por el contrario si se produjeron dimisiones. Según el entonces Ministro de la Gobernación, Miguel Maura, sólo un 5% de total de las denuncias recabadas por el Gobierno podían estar fundadas.
En las Memorias del entonces Presidente del Gobierno Provisional de la República, Niceto Alcalá-Zamora se afirma que la decisión de atajar el asunto de las comisiones gestoras vino tras la quema de conventos en mayo de 1931. Así, fue aprovechado este asunto por algunos sectores como «indignación popular por nuestra templanza». Pero es más, con el paso de los años, Alcalá-Zamora reflexionó sobre la trascendencia de esos sucesos de mayo, que provocó una abstención de los partidos de la oposición. Según el entonces Presidente del Gobierno Provisional «Para hacer elecciones en España, con legitimidad substancial, de fondo, y no con la meramente externa de inhibición gubernativa y escrutinios no alterados, es necesario que cada elector pueda emitir libremente su voto». Según se deduce de su testimonio, no existían esas condiciones en esta época.
Pero el asunto, escasamente estudiado, no se quedaba ahí. En las propias memorias de Miguel Maura se explicaba que los gestores municipales no debían presentarse a los comicios del 31 de mayo: «Mientras los expedientes [electorales] se tramitaban, los gobernadores nombraban en esos ayuntamientos comisiones interinas y neutrales, sin que pudiera figurar en ellas ninguno de los aspirantes a los cargos concejiles». En la práctica no eran gestoras neutrales, porque siempre eran representantes de algo o de alguien tal como se ha comprobado en otros lugares.
En Esparragalejo, el Alcalde que actuaba a mediados de mayo de 1931 se llamaba Manuel González Robles, el Presidente de la Comisión Gestora de Puebla de la Calzada era José Gragera y Grajera. Pero montar un régimen en pocos días fue una tarea muy difícil. En estas segundas elecciones la abstención de los posibles candidatos de la oposición allanó el camino para que el poder fuese ocupado. Así, se formó la «Coalición republicano-socialista» en esas localidades. Hubo un reparto de puestos, que por otra parte, a ser candidaturas únicas, la proclamación era segura.
Sin duda alguna, los hechos más trágicos que tuvieron lugar en la comarca de Montijo tras la instauración de la II República acaecieron en Puebla de la Calzada. En esta localidad, tal como se ha visto, la proclamación del régimen no tuvo buena acogida en un sector de la población. A ello se unió además, las diversas opiniones contrarias al pacto «republicano-socialista». Fue el periódico La voz extremeña quien se hizo eco del asunto, publicando una detallada crónica del suceso. Así, en una mesa electoral un vecino del pueblo, José Cruz «El Cojo», conminaba a la ruptura del pacto y hacía campaña de tachadura de nombres en la papeleta electoral.
El sistema electoral era por listas abiertas, es decir, no estaban bloqueadas, y el elector podía tachar un nombre o varios. En todo caso, gracias al resumen que existe por su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se sabe que esto ocurrió en la mesa de la Sección 1ª del Distrito 1º. Así, aparece con una cantidad ínfima de votos los republicanos Mariano Gragera Gragera y Lorenzo Ardila García. Además, hubo una destacada abstención, de cerca del cincuenta por ciento.
Los jóvenes socialistas se hicieron eco de las prédicas, e incluso despojaron del bastón de mando al propio Alcalde. Éste suspendió las elecciones y pidió auxilio a la Benemérita. «El Cojo» intentó llamar al Gobierno Civil desde el teléfono del Ayuntamiento. Al no poder se dirigió a la Central de Teléfonos, pero fue aprehendido por el Sargento de la Guardia Civil al salir del Ayuntamiento. Entonces los jóvenes socialistas se pusieron de su lado y el citado Sargento ordenó a sus subordinados a disolvieron a los congregados con disparos. Uno alcanzó a un joven, que resultó malherido y falleció poco tiempo después. Se llamaba Manuel Soto Lechón. Fue trasladado a la capital, donde falleció. El féretro fue trasladado a Puebla de la Calzada, pero antes fue homenajeado en las calles de Badajoz.
En estos hechos existía un trasfondo que también se ha detectado en otras localidades, pero sin el escenario trágico, con la sola excepción de Montemolín en la que fue asesinado un guardia civil el 12 de junio de ese año. En todo caso, se intentó crear un régimen y una nueva política en muy pocos días. Y no faltó tiempo para que las disensiones afloraran. También ocurrió en Llerena, donde los republicanos protestaron en el reparto de ediles antes de las elecciones.
El 5 de junio de 1931 se constituyeron las corporaciones municipales elegidas el 31 de mayo. En Lobón fue designado Alcalde José Gragera Sánchez. En Puebla de la Calzada, tras el trágico suceso acaecido en el día de los comicios se constituyó el consistorio con Alonso Moreno Martín como Alcalde.
En conclusión, en muy poco tiempo hubo cambios en todo el país. También la fisonomía política de la mayoría de los pueblos era novedosa. Pero también hay que decir que la transición de la Monarquía a la República se produjo con bastante precipitación. No hubo el reposo debido que sí existió en la última de hace treinta años. Por esta razón, los ánimos no estaban calmados en algunos lugares y eso puede explicar sucesos trágicos como el ocurrido en Puebla de la Calzada el 31 de mayo de 1931. No obstante, y excepto algunas excepciones, hubo una general aceptación del régimen republicano.