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domingo, 1 de junio de 2008

Mi participación en las III Jornadas de Historia de la Baja Extremadura


El pasado 31 de mayo participé en las III Jornadas de Historia de la Baja Extremadura, celebradas en Valencia de las Torres. Este año estaba dedicada a la mujer. Presenté una comunicación que llevaba por título «La creación de derechos políticos para la mujer española en 1924: La concesión del sufragio activo y pasivo en los órganos representativos de la Administración Local». El resumen que leí de la comunicación es el siguiente:

El Golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 quebró la normalidad constitucional española, pues quedó suspensa la Carta Magna de 1876. Así, la Dictadura de Primo de Rivera comenzó en aquella fecha y terminó el 30 de enero de 1930. En esta etapa transitoria de la Historia de España se desarrolló una producción legislativa interesante en algunos aspectos.
El Real-Decreto Ley de 8 de marzo de 1924 sustituyó a la veterana Ley Municipal de 2 de octubre de 1877. Esta obra legislativa emprendió la más importante y profunda reforma de la Administración Local emprendida hasta entonces. En la redacción del proyecto de Estatuto Municipal, y bajo la dirección de José Calvo Sotelo, participaron juristas como José María Gil Robles o economistas como Flores de Lemus. Por esta razón, los puntos que sostenían el proyecto eran la supresión de recursos gubernativos, la representación proporcional, el voto de la mujer, la autonomía municipal, la desaparición de los alcaldes nombrados por R.O.
La concesión parcial del voto a la mujer en 1924 había encontrado la oposición y los reparos de algunos miembros del Directorio Militar, como el General Vallespinosa. La argumentación era los lazos de dependencia de la mujer al varón, y que por esta razón no era posible tal reconocimiento. Calvo Sotelo había puesto de manifiesto la incongruencia entre el acceso a los cargos públicos de la mujer y la negativa de participación en las urnas. En 1919 el Gobierno de Burgos y Mazo había reconocido a las españolas el sufragio activo y pasivo para todos los cargos del Instituto de Reformas Sociales.
En la cuarta edición, de 1930, del Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, anotado, comentado y concordado con los reglamentos complementarios por El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados Municipales, se dice expresamente que «el fundamento de esta innovación no puede discutirse en España, pues permitiendo la Constitución que la función más importante del Estado, o sea, la de Rey, la ejerza una mujer, es consecuencia lógica e ineludible de ella la de que a las mujeres se les haya de reconocer capacidad bastante para desempeñar cualquier otro puesto en la Administración Pública».
O sea, el paulatino reconocimiento de la mujer en el acceso a la vida pública, -con no pocas dificultades, dicho sea de paso- y la evolución de los tiempos allanaron el camino hasta 1924. La reforma que se introdujo en ese año, en comparación con la actual regulación, parecería muy insuficiente, pero en aquella época España era el primer país latino que lo había reconocido. En numerosos países europeos habían surgido movimientos pro sufragio femenino. En España también existía. El impulso definitivo vino tras la finalización de la I Guerra Mundial (1914-1918). El esfuerzo de la mujer europea durante el conflicto (en el trabajo sobre todo) supuso el reconocimiento de algunos derechos políticos en algunos países.
Sin embargo, como se ha citado anteriormente, fue desde que se promulgó el Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924 cuando se reconoció a la mujer española el derecho de sufragio activo y pasivo. Pero también hay que decir que se concedió de una forma restringida y tasada en unos supuestos. Así, según el artículo 51 «serán electores en cada municipio los españoles mayores de veintitrés años, y elegibles los mayores de veinticinco que figuren en el censo electoral formado por el Centro correspondiente del Estado. Tendrán el mismo derecho de sufragio las mujeres cabeza de familia, con cuyos nombres se formará un apéndice al censo electoral de cada municipio. Figurarán en este apéndice las españolas mayores de veintitrés años que no estén sujetas a patria potestad, autoridad marital ni tutela, y sean vecinas, con casa abierta, en algún término municipal».
Por supuesto, la mujer podía llegar a alcanzar la Alcaldía, que según el Art. 93 del Estatuto se concebía «con la doble función de representar al Gobierno y de dirigir la Administración, incumbiéndole en este segundo aspecto presidir el Ayuntamiento y la Comisión Municipal Permanente y ejecutar sus acuerdos». El fundamento estaba en el artículo 94: «El Alcalde será elegido por los respectivos ayuntamientos entre los concejales o los electores con capacidad para ser concejales».
En el Real Decreto de 10 de abril de 1924 se dieron las instrucciones precisas acerca de la composición del Censo Electoral. En el artículo primero se establecía la inclusión de los varones mayores de veintitrés años, pero también de «las mujeres de veintitrés años que sean vecinas y no estén sujetas a patria potestad, autoridad marital ni tutela, cualesquiera que sean las personas con quienes, en su caso, vivan». Pero en el Art. 1.c se excluía sólo a «las dueñas y pupilas de casas de mal vivir», refiriéndose con esta frase a las prostitutas. Pero además sería incluida la mujer casada cuando estuviese en estos casos:
1. Cuando viva separada de su marido a virtud de sentencia firme de divorcio que declare culpable al esposo.
2. Cuando judicialmente se haya declarado la ausencia del marido con arreglo a los artículos 184 y 185 del Código Civil.
3. Cuando el marido sufra pena de interdicción civil, impuesta por sentencia firme.
4. Cuando ejerza la tutela del marido loco o sordomudo.
Sin embargo, no se llegaron a celebrar elecciones municipales de acuerdo con el sistema establecido por el Estatuto Municipal de 1924. A finales de este año, en concreto en noviembre fue nombrada gubernativamente la primera mujer concejal de la Historia en la provincia de Badajoz. Así recogió un rotativo pacense las palabras del Gobernador Civil -Agustín Van Baumberghem- sobre este acontecimiento: «He nombrado la primera concejal de la provincia, a doña María Díaz Moreno, en el Ayuntamiento de Almendralejo». También añadió que «tendrá mucho gusto en nombrar alguna Alcalde y que hace propaganda y gestiones para constituir un comité femenino de la Unión Patriótica».
Unos días después, el Gobernador Van Baumberghem cambió de destino y sus palabras quedaron en una simple declaración de intenciones, pues no fue nombrada ninguna Alcaldesa. No obstante, en años posteriores fueron nombradas varias mujeres más, todas ellas maestras nacionales. En 1928 aparece como concejala de Zafra la maestra nacional María del Pilar Fernández Magaz. También lo era Eloísa Aguilar Paredes en Hinojosa del Valle.
Sin embargo, las continuas crisis políticas del año 1930, la caída sucesiva de gobiernos, el agotamiento del proyecto dictatorial o las conspiraciones políticas llevaron a principios de 1931 a volver al sistema antiguo de los comicios locales. De esta forma, el Gobierno del Almirante Juan Bautista Aznar decidió convocar elecciones municipales. Lo hizo a través del Real Decreto de 13 de marzo de 1931. En la exposición de motivos se justificó que no se podía mantener la obra legislativa de la Dictadura, pues el Gobierno se había comprometido ante la opinión pública el «sometimiento a las leyes que se votaron en Cortes». Por esta razón, las elecciones locales convocadas para el 12 de abril de 1931 se regularon conforme a lo establecido en la Ley Municipal de 1877 y en la Ley Electoral de 1907.
PD. Este artículo también está publicado en la web Historia en Libertad.